La Unión Industrial Argentina (UIA) y el Gobierno nacional firmaron un acuerdo para intensificar los controles contra el contrabando, la falsificación de productos y la competencia desleal, en un contexto en el que el comercio ilegal representa alrededor del 5% del Producto Bruto Interno (PBI) y genera pérdidas fiscales estimadas en U$S 2.300 millones anuales, según datos difundidos por la entidad empresarial.
El convenio fue suscrito por el presidente de la UIA, Martín Rappallini, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. Su objetivo es fortalecer la fiscalización de mercaderías comercializadas fuera de las normas vigentes, tanto en establecimientos físicos como a través de plataformas digitales.
La preocupación del sector industrial quedó reflejada en la tercera encuesta realizada por la UIA, que reveló que seis de cada diez empresas industriales sufren las consecuencias del comercio desleal.
Además, cuatro de cada diez compañías denunciaron que enfrentan competencia ilegal en canales electrónicos, incluidos sitios de compraventa, redes sociales y plataformas de comercio digital.
Desde la central fabril advirtieron que estas prácticas afectan a distintas actividades productivas y regiones del país, perjudican a las empresas que cumplen las regulaciones y representan una amenaza para el empleo registrado.
La industria argentina genera aproximadamente 1,2 millones de puestos de trabajo formales y aporta más de una cuarta parte de la recaudación tributaria nacional, de acuerdo con la UIA.
El entendimiento establece mecanismos de intercambio de información entre las empresas y la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa para detectar productos sospechados de ingresar o comercializarse irregularmente.
También contempla la revisión de normas, la incorporación de herramientas tecnológicas y la implementación de controles que permitan identificar operaciones de contrabando, fraude marcario y venta de mercaderías que no cumplen los requisitos legales.
Una de las prioridades será mejorar la fiscalización del comercio electrónico, donde las empresas industriales advierten sobre la proliferación de productos falsificados, mercaderías de origen irregular y operaciones que eluden las obligaciones tributarias.
El acuerdo se complementa con otro convenio suscrito por la Secretaría con empresas de plataformas digitales, mercados electrónicos y cámaras del sector, destinado a mejorar los sistemas de información y control.
Asimismo, permitirá establecer mecanismos de colaboración con organismos como ARCA, la Dirección General de Aduanas, la Autoridad Nacional de la Competencia, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), el Senasa, la Anmat y las fuerzas federales de seguridad.
La UIA y el Gobierno definirán un plan de trabajo semestral, con evaluaciones trimestrales para supervisar el avance de las acciones y elaborar informes sobre las denuncias recibidas.
Por parte de la entidad industrial, el seguimiento estará a cargo de una mesa especializada en contrabando, comercio ilegítimo y competencia desleal, integrada por cámaras sectoriales y regionales.
“El comercio ilegal destruye empleo formal, evade impuestos y pone en riesgo a los consumidores”, sostuvo Rappallini al explicar los motivos del acuerdo.
El dirigente remarcó que las empresas que cumplen las obligaciones legales no pueden competir en igualdad de condiciones con productos que ingresan o se comercializan fuera de los controles establecidos.
La iniciativa forma parte de una agenda impulsada por la UIA desde 2025, que ya permitió desarrollar un formulario unificado de denuncias junto con Defensa del Consumidor y organizar capacitaciones para efectivos de Gendarmería, Prefectura Naval y Policía Federal.
También se realizaron gestiones con el Ministerio de Seguridad para mejorar la recepción de denuncias y fortalecer los operativos en las zonas fronterizas.
Entre las propuestas presentadas por la central empresaria figura la creación de una mesa público-privada permanente que reúna a los organismos vinculados con comercio, aduanas, seguridad, defensa del consumidor y justicia, con objetivos y plazos definidos.
La UIA también planteó que las investigaciones no se limiten a los comercios minoristas, sino que alcancen a importadores, mayoristas, depósitos, centros de distribución y operadores logísticos.
Otro de los puntos centrales es la incorporación de inteligencia artificial, sistemas de análisis de riesgo, escáneres y mecanismos de trazabilidad para detectar irregularidades en las importaciones y la circulación de mercaderías.
En particular, la entidad propuso reforzar los controles sobre la subfacturación de productos importados y evaluar mecanismos de valores de referencia aduaneros para bienes especialmente expuestos a estas maniobras.
Respecto del comercio electrónico, reclamó que las operaciones digitales estén sujetas a exigencias equivalentes a las del comercio tradicional, incluyendo mayor identificación de vendedores, información anticipada de envíos y controles sobre el fraccionamiento de operaciones.
También solicitó revisar los límites y condiciones del régimen de courier y los envíos postales internacionales, así como los procedimientos aplicados a mercaderías decomisadas, para evitar que vuelvan a ingresar al circuito comercial.
Finalmente, la UIA consideró necesario incrementar la difusión de operativos, sanciones y campañas de concientización para desalentar la comercialización de productos ilegales.
Con este convenio, el sector industrial y el Gobierno buscan establecer una estrategia conjunta para reducir la competencia desleal, proteger la producción nacional y mejorar la recaudación fiscal.
La efectividad de las medidas dependerá de su implementación y de los resultados que surjan de los controles y evaluaciones previstos en el acuerdo.
