La Unión Cívica Radical (UCR) reclamó modificaciones al Presupuesto 2027 para acompañar su aprobación en la Cámara de Diputados. Entre las principales exigencias, el bloque pidió reforzar las partidas destinadas a personas con discapacidad y mantener la actualización automática por inflación de las asignaciones sociales.
El oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza (LLA), busca sancionar el proyecto el próximo 18 de noviembre. Para alcanzar los votos necesarios, necesita el respaldo de sectores aliados, entre ellos los seis diputados radicales que integran la bancada presidida por Pamela Verasay.
El bloque responde políticamente a los gobernadores Alfredo Cornejo, de Mendoza; Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos. Su posición será determinante en las negociaciones parlamentarias.
Uno de los principales puntos de conflicto es la financiación de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. La UCR respaldó el dictamen de mayoría que mantiene el nomenclador nacional y establece mecanismos permanentes de actualización de las prestaciones y pensiones no contributivas por invalidez.
Los legisladores solicitaron eliminar los artículos del Presupuesto que modifican la legislación vigente e incorporar las disposiciones del dictamen, junto con los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento.
La postura también recibió el respaldo de otros espacios que integran Fuerzas del Cambio, como el PRO, el MID y Por Santa Cruz.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo incluyó cuatro artículos que modificaban aspectos centrales de la Ley 27.793, que declaró la emergencia en discapacidad hasta fines de 2026. Sin embargo, ante el rechazo opositor, el oficialismo comenzó a evaluar la eliminación de esas modificaciones.
Asignaciones sociales: piden mantener los aumentos por inflación
Otro de los reclamos del radicalismo estuvo vinculado con la actualización de las prestaciones sociales. Los diputados exigieron conservar la fórmula de movilidad que permite ajustar los montos según la inflación.
La solicitud comprende la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y la ayuda escolar, entre otras prestaciones incluidas en el régimen de protección social.
El proyecto presupuestario del Gobierno contempló la eliminación de esos mecanismos de actualización automática. Según las cifras presentadas, el Estado destinaría aproximadamente 9,18 billones de pesos al pago de beneficios que alcanzan a más de cuatro millones de personas.
Universidades: diferencias por los recursos previstos
El financiamiento universitario también quedó entre los asuntos pendientes de definición. El Gobierno nacional estableció una asignación de 7,3 billones de pesos para las universidades, mientras que las instituciones reclamaron 11 billones para afrontar sus necesidades.
Ante esta diferencia, los diputados radicales aguardaban las exposiciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, antes de fijar una posición definitiva.
La discusión se incorporó a las negociaciones por el Presupuesto 2027, en un escenario de reclamos por mayores recursos para el funcionamiento del sistema universitario.
El MID también pidió cambios y obras públicas
El diputado nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Eduardo Falcone, coincidió con la necesidad de incorporar las disposiciones del dictamen de mayoría sobre discapacidad y aumentar los recursos previstos para ese sector.
En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, el legislador también solicitó incrementar los fondos destinados a las Becas Manuel Belgrano, orientadas a estudiantes de carreras consideradas estratégicas para el desarrollo económico y tecnológico.
Además, reclamó la reasignación de recursos provenientes de un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para reactivar las obras de la autovía Mercedes-Suipacha, con continuidad hacia Bragado.
También pidió retomar y finalizar los trabajos correspondientes a 27 kilómetros de la Ruta Nacional 3, entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs.
El impacto fiscal de los cambios en discapacidad
El Ministerio de Economía contempló en el proyecto presupuestario 7,25 billones de pesos para el área de discapacidad. De ese total, 6,094 billones fueron asignados a pensiones no contributivas por invalidez laboral y aproximadamente 1,1 billones a la atención médica de sus beneficiarios.
Sin embargo, la aplicación de las modificaciones previstas en el dictamen respaldado por la oposición tendría un impacto fiscal adicional estimado en 600.000 millones de pesos durante 2027.
Por ese motivo, los bloques reclamaron incorporar partidas específicas para garantizar el financiamiento de las prestaciones.
Mientras La Libertad Avanza impulsaba una iniciativa para mantener vigentes determinados aspectos de la legislación, sectores opositores promovían prorrogar la emergencia en discapacidad por un año más.
Las diferencias sobre discapacidad, asignaciones sociales y universidades quedaron así entre los principales obstáculos que el oficialismo deberá resolver para conseguir los votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2027.
