Informe: Multimedios El Abaucán Digital
Las declaraciones de la senadora departamental en un medio radial de Tinogasta volvieron a encender el conflicto por la ubicación de la Zona Franca. Sus cuestionamientos a los representantes fiambalenses y su defensa de una posible habilitación inicial en Tinogasta reabrieron una discusión que parecía encaminarse hacia una solución. En Fiambalá crece el malestar y vuelve a instalarse una pregunta incómoda: ¿a quién representa realmente la legisladora?
Cuando parecía que las diferencias entre Fiambalá y Tinogasta comenzaban a encaminarse hacia una instancia de diálogo por la disputa de la Zona Franca, las recientes declaraciones de la senadora provincial Pamela López volvieron a echar combustible sobre un conflicto que está lejos de resolverse. En una entrevista con un medio radial de Tinogasta, la legisladora defendió enfáticamente la posibilidad de habilitar primero la Zona Franca en la cabecera departamental y sostuvo que la extensión hacia Fiambalá podría concretarse posteriormente, incluso después de varios meses, aunque el pleno funcionamiento demandaría mucho más tiempo.
Sus expresiones generaron un nuevo foco de indignación en Fiambalá, donde distintos sectores vienen reclamando que la Zona Franca tenga su emplazamiento en esta jurisdicción, con argumentos vinculados a la ubicación estratégica del Paso Internacional San Francisco, la actividad minera, el turismo y las posibilidades de desarrollo económico. Lejos de contribuir a descomprimir la discusión, las palabras de López volvieron a colocar en el centro de la controversia la representación política de un departamento que no se limita a una sola ciudad.
El principal cuestionamiento hacia la senadora no pasa solamente por su posición sobre la Zona Franca, sino por la manera en que parece priorizar los intereses de Tinogasta sin ofrecer, al menos en sus declaraciones públicas, una defensa igualmente contundente de las aspiraciones de Fiambalá. Su responsabilidad institucional es representar al conjunto del departamento y procurar que las decisiones estratégicas contemplen las necesidades de todas sus comunidades, no únicamente las de la cabecera departamental.
Uno de los pasajes más controvertidos de la entrevista fue cuando López ofreció la versión taquigráfica de una intervención del exsenador Mario “Baby” Quintar, quien se desempeñó como miembro informante en el debate sobre la Zona Franca. Según la interpretación de la legisladora, aquella intervención demostraría que Quintar solicitaba la Zona Franca para Tinogasta cuando ocupaba una banca en el Senado.
Sin embargo, ese argumento no resuelve la discusión actual ni invalida por sí mismo los planteos que hoy sostiene Fiambalá. Quintar respondió públicamente por Radio Tabaruco 94.5 y recordó que la realidad de la localidad cambió sustancialmente en estas tres décadas. También defendió la legitimidad de la actual demanda fiambalense y sostuvo que la ubicación estratégica del Paso de San Francisco y los recursos disponibles constituyen argumentos centrales para reclamar que la Zona Franca se establezca en Fiambalá.
La controversia, por lo tanto, no puede reducirse a una discusión sobre lo expresado hace 31 años. El escenario económico, productivo, turístico y logístico de la región evolucionó considerablemente, y cualquier decisión debe analizarse a la luz de las condiciones actuales y de las oportunidades concretas que puede ofrecer cada ubicación. Aferrarse a antecedentes históricos sin responder de manera convincente a los argumentos presentes difícilmente contribuya a construir una solución aceptada por ambas comunidades.
También llamó la atención la postura de López frente a las manifestaciones realizadas en Fiambalá durante la visita del gobernador Raúl Jalil, cuando vecinos reclamaron que la Zona Franca se instalara en esta ciudad. La legisladora cuestionó las expresiones contra el mandatario provincial y sostuvo que no se puede actuar de esa manera contra un gobernador que visita Fiambalá e inaugura obras.
Pero aquí aparece otra discusión que merece ser planteada con claridad: las obras públicas no constituyen favores personales ni concesiones de un gobierno a una comunidad. Son parte de las responsabilidades del Estado y deben responder a las necesidades de la población, a la planificación pública y a la distribución de los recursos disponibles. Las visitas oficiales y las inauguraciones no pueden convertirse en argumentos para deslegitimar reclamos ciudadanos ni para exigir que una comunidad renuncie a plantear sus diferencias.
Fiambalá tiene un peso estratégico indiscutible por su actividad turística, su potencial productivo, la minería y su posición geográfica vinculada al corredor internacional. Esa realidad debe ser considerada seriamente en las decisiones provinciales. Si la comunidad entiende que la Zona Franca debe instalarse aquí, sus representantes tienen la obligación de escuchar los fundamentos, evaluarlos y defenderlos en los ámbitos correspondientes, aun cuando esa posición resulte incómoda para otros sectores políticos.
En ese contexto, también quedó expuesta una diferencia de protagonismo político durante las gestiones realizadas ante organismos nacionales para defender el emplazamiento de la Zona Franca en Fiambalá. Mientras representantes de las Fuerzas Vivas, autoridades municipales encabezadas por el intendente Raúl Úsqueda, Jorge Tejada, Mario Quintar, Gonzalo Olmedo y otros referentes participaron de las gestiones, la intervención pública de López no alcanzó, al menos hasta ahora, una visibilidad comparable en la defensa específica de la propuesta fiambalense. Esa percepción alimenta los cuestionamientos sobre el papel que está desempeñando en una discusión de enorme importancia para el futuro económico del distrito.
La discusión legislativa también permanece bajo la lupa. Los cuestionamientos sobre el procedimiento y los tiempos con los que se impulsaron decisiones vinculadas a la Zona Franca continúan formando parte del malestar local. Para numerosos fiambalenses, la controversia no se limita a dónde funcionará el emprendimiento, sino que incluye la manera en que se toman las decisiones y el grado de participación que se les reconoce a las comunidades directamente involucradas.
En este escenario, las declaraciones de López pueden terminar produciendo el efecto contrario al que posiblemente busca cualquier dirigente que intenta recuperar respaldo político. En lugar de acercar posiciones, sus expresiones reactivaron el descontento y profundizaron la percepción de que Fiambalá debe volver a reclamar para que sus intereses tengan el mismo peso en las decisiones departamentales.
Si la senadora pretende reconstruir la confianza de los votantes fiambalenses, deberá comprender que no alcanza con defender una postura desde una emisora de Tinogasta ni con recurrir a antecedentes de hace tres décadas. Necesita explicar con argumentos concretos qué propone para Fiambalá, qué gestiones está dispuesta a encabezar y cómo garantizará que las oportunidades de desarrollo no queden subordinadas a las prioridades de otra localidad.
El malestar social no puede atribuirse automáticamente a una maniobra partidaria ni desestimarse como una simple disputa entre dirigentes. Detrás del reclamo existe una discusión genuina sobre el futuro productivo, la inversión y la distribución territorial de las oportunidades. Por eso, quienes ocupan cargos públicos deben asumir que sus palabras tienen consecuencias políticas y que la ciudadanía tiene pleno derecho a cuestionar sus decisiones.
La Zona Franca no debería convertirse en una pulseada para determinar qué ciudad impone su voluntad sobre la otra. Sin embargo, tampoco puede pretenderse que Fiambalá acepte pasivamente una decisión que considera perjudicial para sus posibilidades de crecimiento. La salida debe surgir de una evaluación seria de los argumentos técnicos, económicos, geográficos y logísticos, con transparencia y participación de los sectores involucrados.
Pamela López tiene ahora una oportunidad concreta para aclarar su posición y demostrar que su representación departamental incluye también a Fiambalá. De lo contrario, cada intervención pública que vuelva a poner el acento en las prioridades de Tinogasta sin responder a las demandas de esta comunidad seguirá profundizando una distancia política que, por sus propias declaraciones, corre el riesgo de hacerse cada vez más difícil de revertir.
Porque una senadora departamental no fue elegida para representar solamente a una ciudad. Su responsabilidad es defender a todo el departamento, incluso cuando los intereses de sus localidades no coinciden. Y en la discusión por la Zona Franca, esa obligación exige algo más que declaraciones radiales: exige argumentos, gestiones y una defensa clara de los intereses de cada comunidad.
Fiambalá reclama ser escuchada. La pregunta que queda abierta es si Pamela López está dispuesta a asumir plenamente esa responsabilidad o si continuará alimentando una controversia que amenaza con profundizar la distancia entre la legisladora y una parte importante de la población a la que debe representar.
