Los comerciantes de libros de todo el país atraviesan una situación crítica debido al desplome del consumo y ya solicitaron de manera formal que se declare la emergencia para el sector. Según un relevamiento que realizó la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA), las librerías registraron una caída del 41,5% en su facturación, lo que pone en riesgo la continuidad de los locales de barrio y de las pequeñas cadenas independientes.
El estudio de la entidad que agrupa a los libreros detalló que se vendió un 25% menos de unidades en comparación con el año anterior. Si bien el sector respiró aliviado hace unos meses cuando el Gobierno nacional decidió dar marcha atrás con la derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera, conocida popularmente como la Ley del Libro, la recesión actual neutralizó ese alivio inicial. Los referentes de las librerías explicaron que aquella norma garantiza un precio uniforme de venta al público y evita la competencia desleal de las grandes superficies, pero aclararon que hoy la urgencia pasa por la falta de clientes en los mostradores.
Los libreros sostienen que la quita de la ley hubiese sido un golpe letal, pero la realidad del día a día en los locales comerciales sigue siendo alarmante por la pérdida del poder adquisitivo de los lectores. Desde la federación señalaron que la baja en las ventas de textos escolares y de literatura general se siente con fuerza en todas las provincias, lo que motivó el pedido de herramientas de asistencia fiscal y de fomento a la lectura.
Frente a este escenario de asfixia, los comerciantes insisten en la necesidad de que el Congreso y las legislaturas provinciales traten proyectos de estímulo para la actividad. En el sector argumentan que las librerías no son simples comercios, sino espacios de desarrollo cultural que requieren de una protección especial del Estado para no desaparecer de los centros urbanos.
