El Gobierno nacional aprobó un nuevo sistema destinado a mujeres consideradas de alto riesgo alojadas en cárceles federales, con el objetivo de establecer procedimientos específicos para internas vinculadas con organizaciones criminales complejas. La medida fue formalizada mediante una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional.
El denominado Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo establece criterios diferenciados para evaluar, clasificar, alojar y supervisar a las detenidas incluidas en el régimen. Según los fundamentos oficiales, la decisión busca adaptar una herramienta que ya funcionaba para la población penitenciaria general.
La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal quedará a cargo de implementar el nuevo esquema. Entre sus responsabilidades estarán la planificación, la selección del personal, la capacitación de los agentes y la asignación de los recursos tecnológicos y de infraestructura necesarios.
Protocolos específicos para el nuevo régimen
La resolución establece un plazo de 60 días para elaborar los protocolos y manuales que definirán el funcionamiento concreto del sistema para mujeres alojadas en cárceles federales. Esos documentos deberán precisar procedimientos de seguridad, tratamiento y seguimiento.
También se ordenó realizar evaluaciones periódicas sobre la aplicación del régimen. El Servicio Penitenciario Federal deberá presentar informes técnicos cada seis meses para detallar los avances, identificar dificultades y proponer modificaciones cuando resulten necesarias.
Los gastos vinculados con la implementación serán cubiertos con las partidas presupuestarias asignadas al Ministerio de Seguridad y al Servicio Penitenciario Federal. La norma no detalló un monto específico destinado inicialmente al programa.
Un modelo que ya se aplicaba a otros detenidos
El nuevo esquema toma como antecedente el sistema de alto riesgo creado en 2024 para el ámbito penitenciario federal. Esa herramienta fue diseñada para personas identificadas como integrantes de organizaciones criminales nacionales o transnacionales y con capacidad para mantener vínculos operativos desde prisión.
Según la resolución, hasta ahora 78 personas vinculadas con diferentes organizaciones fueron incorporadas a ese sistema general. Una parte significativa corresponde a grupos con presencia en provincias como Santa Fe, Salta, Jujuy, Córdoba y Corrientes.
A partir de esa experiencia, las autoridades consideraron necesario desarrollar un régimen específico para la población femenina. Los fundamentos mencionan casos en los que mujeres pueden cumplir tareas de coordinación, transmisión de mensajes, administración de recursos o continuidad de actividades dentro de estructuras criminales.
Qué cambios contempla para las internas
El régimen prevé modificaciones en las condiciones de alojamiento, infraestructura y tratamiento dentro de las cárceles federales. También contempla aspectos relacionados con la atención integral de la salud y el mantenimiento de los vínculos familiares.
Otro punto será la formación del personal penitenciario encargado de trabajar con las internas incorporadas al sistema. Los agentes deberán recibir capacitación específica para abordar las características de la población femenina considerada de alto riesgo.
Además, la resolución dispone que esa preparación incluya perspectiva de género como complemento de la capacitación establecida para el sistema general. La implementación comenzará a desarrollarse con la elaboración de los protocolos y quedará sujeta a evaluaciones semestrales por parte de las autoridades penitenciarias.
