El Gobierno nacional oficializó este viernes dos medidas vinculadas con la defensa y la política sobre los recursos del Atlántico Sur. Las decisiones fueron publicadas horas después de la cadena nacional del presidente Javier Milei sobre la cuestión Malvinas.
Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 867/2026, el Ejecutivo modificó el presupuesto general de la Administración Nacional para este año. Entre las áreas alcanzadas se encuentra el Ministerio de Defensa, aunque el articulado principal no establece un porcentaje único de incremento para esa cartera y remite el detalle de las partidas a las planillas anexas.
Según los fundamentos de la norma, los recursos adicionales destinados a defensa apuntan a incorporar, modernizar y recuperar medios y equipamiento de las Fuerzas Armadas. El decreto también contempla adecuaciones para otras jurisdicciones y organismos nacionales.
Cambios en el presupuesto de Defensa
El DNU sostiene que la modificación resulta necesaria para atender necesidades salariales, de inteligencia y otros gastos vinculados al funcionamiento de distintos organismos del Estado. Además, advierte que demorar las adecuaciones podría comprometer determinados servicios considerados esenciales.
La modificación del presupuesto entró en vigencia este viernes, con su publicación en el Boletín Oficial. Al tratarse de un decreto de necesidad y urgencia, deberá ser remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento.
La medida se conoció luego del mensaje presidencial del jueves, en el que Milei vinculó la política de seguridad y defensa con la situación en el Atlántico Sur y con el avance de proyectos petroleros en las inmediaciones de las Islas Malvinas.
Nuevas facultades para Cancillería
Por otra parte, el Decreto 868/2026 designó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que regula las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina.
Desde ahora, los organismos de la Administración Pública Nacional deberán informar a Cancillería dentro de los cinco días hábiles cualquier hecho que pueda encuadrar en las conductas prohibidas por esa legislación.
Cuando existan indicios suficientes, el Ministerio podrá abrir un sumario y notificar al presunto infractor. La persona o empresa involucrada dispondrá de diez días hábiles para presentar su descargo y ofrecer pruebas.
Qué cambia para empresas e inversiones
La reglamentación también alcanza a trámites relacionados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Las empresas deberán presentar una declaración jurada afirmando que ni ellas ni sus participantes directos o indirectos realizan o realizarán actividades prohibidas por la Ley 26.659.
Un requisito similar se incorporó para quienes soliciten permisos, concesiones, autorizaciones o habilitaciones dentro del régimen nacional de hidrocarburos. Cancillería podrá intervenir para determinar si existen antecedentes incompatibles con la normativa.
Las dos disposiciones forman parte de las medidas anunciadas por el Gobierno después del discurso presidencial sobre Malvinas. El DNU 867 modifica el presupuesto nacional, incluido el área de defensa, mientras que el Decreto 868 establece un procedimiento específico para detectar y eventualmente sancionar actividades hidrocarburíferas consideradas no autorizadas por la legislación argentina.
