La iniciativa fue impulsada por seis diputados y propone modificar el Código Sanitario chileno. Si avanza, las mujeres que accedan a una interrupción del embarazo bajo las tres causales legales deberán escuchar previamente los latidos fetales. El Gobierno expresó reparos sobre la medida.
Un grupo de seis diputados de Chile presentó un proyecto de ley que busca incorporar un nuevo requisito para las mujeres que decidan acceder a una interrupción voluntaria del embarazo dentro de las causales actualmente permitidas por la legislación del país. La iniciativa propone que, antes del procedimiento, deban escuchar los latidos fetales.
La propuesta, denominada “Escuchar mi corazón”, fue presentada por legisladores pertenecientes al Partido Republicano, Renovación Nacional y el Partido Nacional Libertario. Su principal impulsor, el diputado Cristóbal Urruticoechea, sostuvo que el objetivo de la iniciativa es contribuir a reducir la cantidad de abortos y pidió el acompañamiento del Gobierno del presidente José Antonio Kast.
Actualmente, Chile permite la interrupción del embarazo únicamente bajo tres causales, vigentes desde 2017: cuando existe riesgo para la vida de la mujer, cuando el feto presenta una condición incompatible con la vida extrauterina y cuando el embarazo es consecuencia de una violación.
El proyecto plantea una modificación del artículo 119 del Código Sanitario, que regula estos procedimientos. De aprobarse, antes de realizar la interrupción del embarazo el equipo médico deberá permitir que la paciente escuche los latidos fetales. En caso de que la mujer se niegue a cumplir con esa instancia, el profesional no podría efectuar la intervención.
Desde el Gobierno chileno expresaron reparos respecto de la iniciativa. La ministra de Salud, May Chomali, cuestionó la efectividad de la propuesta y afirmó que no encontraron evidencia científica que demuestre que escuchar los latidos pueda modificar la decisión de una mujer que ya solicitó una interrupción del embarazo.
El presidente José Antonio Kast, quien históricamente manifestó una posición contraria al aborto, no se pronunció públicamente a favor del proyecto. Durante la campaña electoral había anticipado que su gestión priorizaría principalmente cuestiones relacionadas con la seguridad y la economía.
La iniciativa también recibió cuestionamientos de organizaciones feministas y sociales. Desde la Coordinadora Feminista 8M consideraron que la medida incorporaría una nueva barrera para acceder a una prestación que actualmente está contemplada por la legislación chilena.
Especialistas vinculados a organizaciones sociales también señalaron que la instancia propuesta no aportaría nueva información médica al consentimiento informado y podría introducir una carga emocional adicional durante el procedimiento. Los impulsores del proyecto, en cambio, sostienen que la medida busca garantizar que las pacientes cuenten con más elementos antes de tomar una decisión definitiva.
La Iglesia Católica chilena también intervino en la discusión. El arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomali, reiteró su rechazo al aborto y manifestó su preocupación por las divisiones generadas alrededor de la iniciativa.
El proyecto se encuentra actualmente en análisis en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y no cuenta con carácter de urgencia. Aunque los sectores de derecha tienen una posición relevante en ambas cámaras del Congreso, la iniciativa todavía deberá reunir los apoyos necesarios para avanzar en el proceso legislativo.
