La fiscal de Instrucción N° 7 del Distrito Este, a cargo de la Secretaría Especializada en Ciberdelitos, Paola González Pinto, dio por concluida la Investigación Penal Preparatoria y requirió la elevación a juicio de la causa seguida a una mujer, imputada por el delito de “defraudación mediante el uso no autorizado de datos de tarjetas de crédito o débito obtenidas ilegítimamente de su legítimo usuario”, en concurso real y en calidad de autora.
La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por una mujer de 71 años, quien advirtió que su tarjeta de crédito registraba numerosas compras y operaciones que nunca había autorizado. A partir de ello, la Fiscalía dispuso distintas medidas de investigación orientadas a determinar el origen de las transacciones e identificar a la persona responsable.
Durante la Investigación Penal Preparatoria se incorporaron, entre otros elementos, la denuncia y declaración testimonial de la damnificada, informes emitidos por el Banco sobre los movimientos de la tarjeta, respuestas de las firmas de distintas empresas, declaraciones testimoniales, allanamientos y registros domiciliarios, además del análisis de evidencia digital extraída mediante herramientas forenses certificadas.
Según la investigación, la imputada accedió a los datos de la tarjeta de crédito aprovechando la relación de confianza que mantenía con la víctima, quien en distintas oportunidades le había entregado el plástico para realizar compras autorizadas. La Fiscalía sostiene que, excediendo esa autorización, la imputada se apropió ilegítimamente de los datos de la tarjeta y los utilizó para efectuar compras y pagos en beneficio propio, ocasionando un perjuicio patrimonial total de $557.902,01.
Con base en las pruebas reunidas, la fiscal consideró acreditado, con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal, que la imputada habría cometido los hechos investigados, por lo que requirió la intervención del tribunal competente para el juzgamiento de la causa.
De acuerdo con la investigación, el primer hecho ocurrió el 17 de agosto de 2024, cuando la imputada habría utilizado, sin autorización de su titular, los datos de una tarjeta de crédito para adquirir, a través de la plataforma de una empresa de telefonía, un teléfono celular.
La Fiscalía sostiene que la imputada obtuvo los datos de la tarjeta aprovechando que la víctima —quien era su suegra— se la había facilitado en distintas oportunidades para realizar compras previamente autorizadas.
